San Juan Bautista: “el espacio es público… pero pase por caja”
En el distrito de San Juan Bautista lo gratuito tiene precio y lo público ya no es de todos. La ciudad donde hasta el derecho a usar una losa termina convertido en “recaudación”.
Hay decisiones que se explican solas. Y luego está esto: cobrar por entrar a un skatepark. Sí, la gestión de Wilmer Prado en el distrito de San Juan Bautista encontró la fórmula perfecta para complicarle la vida a quienes solo quieren recrearse o realizar algún deporte. Un espacio construido con dinero público, mejorado por el Proyecto Especial Legado para los Juegos Bolivarianos 2024, pensado —desde su diseño— para ser gratuito, ahora tiene precio como si fuera un parque temático.
Bienvenidos al “San Juan Disneyland”, donde el deporte cuesta S/1.00 y tocar una losa deportiva cuesta S/20.00. Póngale usted la música que quiera: esto no es política pública; es humor involuntario. Del malo.
Esta historia no empieza en la ordenanza. Empieza
muchísimo antes: en ese vicio tan peruano de inaugurar obras como si fueran
fuegos artificiales y olvidarlas al día siguiente.
En demasiados proyectos públicos —parques, losas deportivas, plazas, complejos
recreativos— el rubro de mantenimiento brilla por su ausencia. No está,
no se menciona, o se deja en ese cajón mágico llamado “se verá luego”, donde
van a morir todas las responsabilidades.
La Contraloría lo repite cada año: parques en mal estado, canchas sin luz, grass sintético destrozado, infraestructura sin mantenimiento básico. No porque falte técnica; falta voluntad. Más fácil es ordenar un cobro y culpar a la “sostenibilidad” que asumir que el problema viene desde la mala planificación inicial.
SÍ, TAMBIÉN HAY CULPA CIUDADANA
—Y ES HORA DE DECIRLO SIN DISIMULOS
Aquí no vamos a hacerle el favor a nadie: parte
del deterioro lo provoca la propia gente. Papeleras arrancadas a propósito,
focos destruidos “porque sí”, mallas cortadas para meterse como atajo, grafitis
sin sentido, basura que no puede caminar un metro hasta un tacho. La lista es
interminable.
Municipalidades de Lima, Trujillo, Arequipa y otras
ciudades han tenido que gastar dinero del mantenimiento solo para reparar
daños causados por los propios usuarios, ni siquiera por el tiempo o el
desgaste natural.
Porque a veces el discurso es muy fácil: “la
municipalidad no mantiene”. Pero la pregunta incómoda es: ¿y quién destruye?
Claro que esto no justifica que se cobre por un
skatepark. Pero sí deja claro por qué, en el Perú, lo público se deteriora a
doble velocidad: la mala gestión lo abandona; una parte de la población lo
maltrata. Una dupla imbatible.
EL COLECTIVO YA HABLÓ
El Colectivo para el Desarrollo de San Juan
Bautista puso sobre la mesa las exigencias que cualquier autoridad seria
debería adoptar sin escándalo:
- Derogar
la Ordenanza Municipal N.º 015-2025.
- Crear
un sistema de gestión y mantenimiento participativo, con presupuesto real.
- Promover
el deporte como derecho, no como servicio pagado.
- Respetar
la naturaleza pública del skatepark y las losas deportivas.
- Sumar
a la Defensoría del Pueblo para proteger derechos ciudadanos.
Todo eso basado en la Constitución, la Ley Orgánica
de Municipalidades y la Ley de Promoción del Deporte. Porque el derecho al
deporte no se tarifa. Se garantiza.
¿Se puede mantener espacios
deportivos sin cobrar? Sí. Ejemplos sobran
- Piura: instalaciones deportivas
gratuitas para la población, mantenimiento con fondos municipales y
programas de actividad física abiertos.
- Ate
(Lima):
ordenanza 408-MDA que garantiza uso libre, operativos contra alquileres
ilegales y recuperación de losas para la gente.
- Lima
– SERPAR:
mantenimiento preventivo y correctivo en parques zonales, clubes y áreas
deportivas. Infraestructura operativa, sin boleto para usar una cancha.
No hace falta cobrar. Hace falta planificar,
ejecutar presupuesto y entender para qué existe un espacio público.
LO QUE REALMENTE ESTÁ EN JUEGO
Cobrar por un skatepark no resuelve el abandono
municipal. Tampoco resuelve la falta de cultura ciudadana. Ni la mala
planificación de proyectos públicos.
Lo único que logra es esconder un problema más grande:
la incapacidad de construir espacios para la vida comunitaria y sostenerlos
como corresponde.
La juventud de San Juan Bautista merece un
skatepark que funcione, que sea seguro, que esté limpio, que se sienta suyo. Y
la ciudad merece autoridades que recuerden que un espacio público no es una
caja chica. Es un derecho.
Mientras algunos celebran ordenanzas como si fueran
soluciones mágicas, la verdad es más simple y más dura: si el Estado
planificara y la ciudadanía cuidara, no estaríamos discutiendo tarifas
absurdas.
Pero aquí estamos. Y aquí seguiremos, diciendo lo
que hay que decir:
Un skatepark no se cobra. Un skatepark se cuida. Y
un distrito se gobierna pensando en la gente, no en la recaudación fácil.



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