AUDIOS DESTAPAN PRESUNTA RED DE CORRUPCIÓN EN ESSALUD AYACUCHO: PAGOS CONDICIONADOS A PROVEEDORES

Grabaciones revelarían el presunto cobro de “cupos” a proveedores para liberar pagos en el Hospital II de Huamanga. El director de EsSalud Ayacucho, señalado como único titular del token bancario, habría tenido conocimiento del esquema que hoy es materia de investigación fiscal. 

Una grave denuncia por presuntos actos de corrupción sacude a la Red Asistencial de EsSalud Ayacucho. Los audios a los que tuvimos acceso revelan la existencia de una red interna dedicada al cobro de “cupos” a empresas proveedoras, condicionando el trámite y pago de facturas a la entrega de montos económicos irregulares.

En el centro de estas acusaciones aparece el nombre del actual director de la institución, Dr. William Espino Vergara, señalado como presunto responsable administrativo de un esquema que habría operado desde su ingreso a la Red Asistencial de EsSalud Ayacucho.

Según la información recabada, la presunta red estaría integrada también por Zacarías Flores Veraún, jefe de la Unidad de Logística y Adquisiciones, quien en grabaciones de audio se escucha solicitando pagos a nombre de una supuesta “colaboración” o “bolsa” navideña.

El caso más concreto involucra a la empresa SERBIOMEDIC AROTINCO, proveedora del servicio de alquiler de equipos de esterilización, a la cual se le habría exigido S/ 2,000 por cada factura, sumando cuatro comprobantes que alcanzan un total de S/ 40,000.

En los audios, cuya autenticidad viene siendo materia de investigación, se escucha presuntamente al funcionario referirse a que “todos los proveedores están colaborando” y que el director “sabe de todo”, debido a que sería el único titular del token bancario institucional, herramienta indispensable para autorizar cualquier desembolso. Este detalle no es menor: coloca al director como la pieza clave sin la cual ningún pago podría haberse efectuado, reforzando la sospecha de un esquema jerárquico y organizado.

EL FACTOR POLÍTICO: APP, CERCANÍAS INCÓMODAS Y UN MANTO DE PROTECCIÓN

La denuncia no se limita al plano administrativo. Según fuentes internas, el Dr. William Espino Vergara habría asumido la dirección de EsSalud Ayacucho presuntamente recomendado por el partido Alianza para el Progreso (APP) y mantendría una relación cercana con el actual gobernador regional de Ayacucho, hoy vinculado a diversas investigaciones fiscales por presuntos actos de corrupción.

Este supuesto respaldo político explicaría, según los denunciantes, la ausencia de controles efectivos, el silencio de la contraloría interna y la continuidad de prácticas irregulares pese a reiteradas quejas de proveedores y usuarios. En Ayacucho, una vez más, el poder político y la gestión pública parecen entrelazarse en una peligrosa zona gris.

NO SERÍA UN CASO AISLADO: UCI, RESIDUOS HOSPITALARIOS Y RIESGOS SANITARIOS

Las presuntas irregularidades no se limitarían a un solo proveedor. También se investigan posibles anomalías en el consorcio encargado de las obras en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y en el servicio de transporte de residuos hospitalarios a cargo de la empresa HUANCHAQUITO.

Sobre esta última pesa una denuncia especialmente alarmante: el presunto arrojo de desechos hospitalarios tóxicos e infecciosos en huaycos cercanos a la ciudad, contraviniendo normas sanitarias y poniendo en riesgo directo a la población del distrito de San Juan Bautista. La falta de supervisión desde la jefatura de logística y la dirección habría permitido que estas prácticas continúen sin sanción, vulnerando el derecho fundamental a un ambiente saludable.

LA SALUD COMO MERCANCÍA

El impacto de esta presunta red no es abstracto. Golpea directamente a los asegurados. Servicios sensibles como hemodiálisis se habrían visto comprometidos, obligando a derivaciones a clínicas privadas debido a la falta de equipos propios. Pacientes crónicos, los más vulnerables, quedarían atrapados entre la burocracia, los intereses económicos y una gestión que —según la denuncia— priorizaría el beneficio irregular antes que la salud pública.

IMPLICANCIAS PENALES Y LLAMADO URGENTE A LAS AUTORIDADES

Desde una perspectiva legal, los hechos descritos podrían configurar presuntos delitos contra la administración pública como peculado, cohecho, concusión, extorsión y tráfico de influencias, tipificados en el Código Penal Peruano. De confirmarse la participación de varios actores, incluso podría evaluarse la existencia de una organización criminal.

En estricto respeto a la presunción de inocencia, corresponde que sea el Ministerio Público quien determine responsabilidades. Sin embargo, la gravedad del contenido de los audios, la mención directa al uso del token bancario y la identificación clara de los funcionarios involucrados obligan a una intervención inmediata de la Contraloría General de la República, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Defensoría del Pueblo.

La salud no puede ser un botín. EsSalud Ayacucho le debe explicaciones a la ciudadanía. Y el silencio, en este contexto, ya no es una opción.

🔴 ACTUALIZACIÓN | CASO ESSALUD AYACUCHO

A través de un comunicado oficial, EsSalud se pronunció sobre la denuncia difundida por presuntos cobros indebidos para agilizar pagos a proveedores en la Red Asistencial Ayacucho.

La entidad informó que retiró de manera inmediata la confianza al funcionario involucrado y que, mediante documento formal remitido a su sede central, solicitó la destitución del cargo. Asimismo, precisó que el funcionario presentó su renuncia días antes, alegando motivos laborales; sin embargo, EsSalud aclaró que ello no interrumpe ni condiciona las acciones administrativas ni legales que correspondan.

Según el comunicado, la denuncia fue derivada al Área de Procesos Administrativos Disciplinarios (PAD) de la Red Asistencial Ayacucho para el inicio de las investigaciones internas, y al Área de Asesoría Legal, a fin de evaluar la formulación de la denuncia penal ante las autoridades competentes.

EsSalud reiteró que cuenta con canales oficiales de denuncia y reafirmó su política de tolerancia cero frente a actos de corrupción, señalando su compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa de los recursos públicos.

Mientras tanto, el caso continúa bajo evaluación administrativa y legal, en un contexto marcado por cuestionamientos a la gestión y crecientes demandas de esclarecimiento por parte de la ciudadanía ayacuchana.